8M: “No somos ajenas al asedio colonialista”
Un nuevo 8 de marzo nos encuentra en las calles, movilizadas en defensa y lucha por nuestros derechos.
Esta fecha nos interpela y nos recuerda que los derechos conquistados nunca están definitivamente asegurados. Exigen una defensa activa y organizada, un día sí y otro también. No hay conquistas irreversibles cuando avanzan proyectos políticos que buscan restringir libertades y disciplinar a quienes luchan.
Vivimos una coyuntura internacional atravesada por el avance del fascismo y de los sectores más reaccionarios y autoritarios. Se multiplican los discursos de odio contra las trabajadoras organizadas, contra las mujeres y las disidencias, y también contra los pueblos y comunidades que resisten. No se trata solo de palabras: esos discursos alimentan prácticas políticas que promueven la represión, cuestionan derechos y buscan deslegitimar a los movimientos sociales. Al mismo tiempo, sostienen un modelo económico que profundiza la desigualdad y protege los privilegios de una minoría que concentra, como nunca antes, la riqueza y el poder.
En un mundo donde estamos presenciando el genocidio en Gaza en vivo y en directo, y en una región que ha sufrido —tras los acontecimientos del 3 de enero— una escalada bélica y de intervencionismo yanqui en nuestra América Latina, particularmente en Venezuela y Cuba, construir paz desde una perspectiva revolucionaria se vuelve una necesidad histórica para toda la humanidad, y sobre todo para las más oprimidas.
Por eso, más que nunca, reafirmamos la consigna: “Ante el ataque colonialista sobre nuestra soberanía latinoamericana: feminismos antimperialistas”.
La consigna coloca en el centro el momento político que atraviesa el mundo y que, por ende, también nos atraviesa a nosotras. No somos ajenas al asedio colonialista que viven nuestros pueblos hermanos. Es necesaria más unidad, más lucha y más organización.
Es imprescindible reconocer, además, el rol histórico de las mujeres y disidencias en los múltiples escenarios de conflicto: protagonistas de procesos de resistencia, de redes de solidaridad y de experiencias de organización popular que sostienen la vida en los contextos más adversos.
Debemos revitalizar en la práctica, con iniciativas creadoras y creativas en clave feminista y en profundo vínculo con todos los movimientos sociales, el corpus teórico de nuestra
América y del movimiento comunista internacional sobre la lucha antimperialista. A nuestros históricos reclamos por soberanía, libertad y justicia social para mujeres y disidencias, sumamos la denuncia del rostro sexista, racista y supremacista del imperialismo yanqui que hoy representa Donald Trump.
En Uruguay, este escenario global se conecta con debates muy concretos. El movimiento feminista y sindical viene insistiendo en que las desigualdades de género no pueden analizarse únicamente desde lo cultural o simbólico. Existe una dimensión económica de la desigualdad que sigue siendo decisiva. Combatir las condiciones que determinan un acceso desigual de varones y mujeres a los recursos y a las oportunidades económicas es uno de los desafíos más urgentes del país. Pero para enfrentarlo es necesario comprender con claridad cómo se manifiestan estas brechas.
En los últimos años se ha acumulado en Uruguay evidencia cada vez más amplia sobre estas desigualdades. Investigaciones impulsadas por el movimiento feminista, la academia, centros de estudio especializados y organismos internacionales han permitido identificar con mayor precisión la magnitud de las brechas de género en el mundo del trabajo, en las trayectorias educativas, en las negociaciones al interior de los hogares y en la distribución de las tareas de cuidado.
La economía del cuidado aparece como uno de los nudos centrales. Mientras el sistema productivo depende de que alguien sostenga la reproducción cotidiana de la vida —cuidar niñas y niños, personas mayores, personas enfermas, organizar los hogares— esas tareas siguen recayendo de manera desproporcionada en las mujeres. Muchas veces, además, se trata de trabajo no remunerado o mal remunerado.
Esta desigualdad se vuelve especialmente visible cuando se analiza la pobreza infantil. En Uruguay, los hogares donde viven niñas y niños en situación de pobreza están sostenidos mayoritariamente por mujeres. Hablar de pobreza infantil es, también, hablar de pobreza femenina.
Al mismo tiempo, la concentración de la riqueza continúa mostrando un claro sesgo de género: entre las personas más ricas predominan los varones, mientras que en los niveles de ingreso más bajos predominan las mujeres. No es un accidente, sino el resultado de una estructura económica que distribuye de manera desigual el tiempo, el trabajo, los ingresos y las oportunidades.
Por eso, desde el movimiento sindical y desde diversos sectores del feminismo se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de discutir la redistribución de la riqueza. Entre las
propuestas planteadas aparece el gravamen del 1% al 1% más rico de la población, con el objetivo de destinar esos recursos a políticas dirigidas a las infancias y adolescencias más pobres.
La discusión de fondo es simple, aunque profundamente política: sin redistribución económica no hay emancipación posible. Sin políticas que reduzcan las desigualdades estructurales, la igualdad seguirá siendo una promesa más que una realidad.
El 8 de marzo vuelve a recordarlo. No es solo una fecha en el calendario ni un ritual anual. Es una jornada de memoria, de lucha y de solidaridad entre pueblos. Y también una oportunidad para volver a plantear una pregunta que sigue vigente: qué tipo de sociedad queremos construir.
Una sociedad donde la riqueza, el tiempo, los cuidados y el poder se distribuyan de forma más justa no es una utopía lejana. Es una tarea política. Y también, cada 8M, una tarea colectiva que vuelve a empezar en las calles.