¿A quién le pertenece la ciudad y quién tiene legitimidad para producir sentido en ella?
El debate sobre la estética urbana y los usos del espacio público en Montevideo parece haber quedado atrapado en una mirada meramente higienista y punitiva. Algunos buscan reducir las expresiones políticas y artísticas callejeras a un problema de "limpieza" o "vandalismo", alegando una supuesta neutralidad del paisaje urbano que, en los hechos, no existe.
El debate sobre la estética urbana y los usos del espacio público en Montevideo parece haber quedado atrapado en una mirada meramente higienista y punitiva. Algunos buscan reducir las expresiones políticas y artísticas callejeras a un problema de "limpieza" o "vandalismo", alegando una supuesta neutralidad del paisaje urbano que, en los hechos, no existe.
Como advertía el filósofo francés Henri Lefebvre al acuñar el concepto del Derecho a la Ciudad, el espacio urbano no es un simple contenedor neutral ni una mercancía lista para ser consumida; es una obra colectiva en permanente construcción. Cuando se criminaliza o estigmatiza la expresión política en los muros, lo que realmente está en juego no es el cuidado de una fachada, sino una pregunta democrática fundamental: ¿a quién le pertenece la ciudad y quién tiene legitimidad para producir sentido en ella?
Resulta paradójico que la fiscalización sobre el paisaje urbano se concentre con tanto rigor en las expresiones militantes, juveniles o comunitarias, mientras se guarda silencio ante la verdadera transformación (y privatización) visual y material de nuestros barrios: la especulación inmobiliaria. Hoy, los municipios de la costa montevideana asisten a un proceso acelerado de financiarización del suelo. Bajo el amparo de exoneraciones fiscales y lógicas de mercado, proliferan torres de monoambientes y cartelería publicitaria que no responden a las necesidades habitacionales de la población, sino a la rentabilidad. Para las jóvenes trabajadoras y estudiantes, este modelo urbano tiene consecuencias concretas: alquileres impagables, expulsión silenciosa hacia las periferias y la imposibilidad real de proyectar un futuro.
El geógrafo David Harvey, insistìa en que asistimos a una acumulación por desposesión que no solo expulsa materialmente a los jóvenes de ciertos territorios, sino que pretende borrarlos simbólicamente de ellos. Una ciudad pensada exclusivamente para el capital financiero y el turismo exige calles asépticas, despolitizadas y silenciosas, donde la única comunicación visual permitida sea aquella que tiene capacidad de pago: la publicidad comercial. En esa ecuación, el muro pintado incomoda porque rompe el monólogo del mercado y recuerda que en el barrio sigue habiendo conflicto, organización y deseo de transformación.
Esta lógica punitiva no es abstracta: tiene consecuencias que superan lo discursivo. El 16 de febrero de 2019, Felipe Cabral (Plef) fue asesinado de un disparo mientras registraba con su cámara un grafiti que había pintado horas antes en Punta Gorda. Tenía 30 años. Un vecino le disparó en la cabeza. La causa fue archivada y el crimen permanece impune. Plef no fue un artista de galerías: su territorio era la calle, y su obra incomodaba porque combinaba crítica política, ironía y denuncia social. Como señalaron desde los colectivos que siguen reclamando justicia, "a Felipe lo mataron por ser grafitero, por ser joven, por no ser 'del barrio', por ser artista callejero, por ser de condición social humilde". Su muerte no fue un hecho aislado, sino la expresión más extrema de un discurso que legitima la violencia contra quienes se expresan en el espacio público.
Por eso, la UJC no separa estas luchas. La misma organización que sale a recolectar abrigo para quienes duermen en la calle es la que defiende el derecho de las jóvenes a expresarse en los muros y la que denuncia la impunidad del caso Plef. Pero también somos conscientes de que la disputa por el sentido no se libra únicamente en las redes sociales, donde los algoritmos definen qué vemos, qué consumimos y qué discutimos, fragmentando la experiencia colectiva y encerrándonos en burbujas de indignación individual.
Es urgente defender, recuperar y multiplicar espacios donde canalizar la vida comunitaria y recomponer el tejido social: plazas, clubes, centros culturales, locales barriales, espacios de encuentro intergeneracional. Nuestra militancia no solo se expresa en las redes sociales; junto a otras organizaciones, centros de estudiantes y vecinos, estamos dispuestas a ocupar el espacio público, a construir presencia y a hacer del barrio un lugar de organización y no solo de circulación.
Defender el derecho a la expresión política en el espacio público no es defender el deterioro urbano (porque incluso nuestra historia nos ha encontrado en brigadas que lo reconstruyen); es reivindicar la democracia en su sentido más profundo.
Las jóvenes somos sujetos políticos con derecho a habitar la ciudad, a discutir su rumbo y a construir sentido en ella. Mientras el mercado especulativo levanta paredes de concreto inaccesibles para nuestros salarios, la organización colectiva seguirá reivindicando la calle como el último territorio común donde construir futuro. Porque tener derecho a la ciudad es, para nosotras, tener derecho a existir en ella sin ser desalojado, estigmatizado ni asesinado.
Porque tener derecho a la ciudad es tener derecho a transformarla.
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