Debates sobre un recurso estratégico: el agua

Seguramente gran parte de nosotras y nosotros crecimos escuchando el dicho popular de que las próximas guerras serían por el agua. En aquel entonces no podíamos siquiera imaginar que pudiera existir escasez de agua, si tan solo con estirar la mano y abrir la canilla teníamos acceso a ella, en cantidad y calidad, las 24 horas del día.

Pero, de alguna forma, las generaciones más jóvenes hemos crecido con la preocupación latente de que el mundo estaba tomando un rumbo que aceleraba el cambio climático, podíamos identificar con el paso de los años cómo nuestro entorno se iba degradando.

Notamos los cambios en las cualidades del agua potable, a pesar de que cumple con los parámetros físicos, químicos y biológicos. El paisaje se ha transformado bastante: vemos cómo cada año las cianobacterias invaden nuestras playas y ríos, cómo los pastizales característicos de nuestro país son reemplazados por plantaciones, cómo los ríos se secan y la biodiversidad de su entorno se modifica.

El cambio climático nos está obligando a prepararnos para enfrentar eventos más extremos, de corta duración pero con grandes impactos ambientales, sociales y económicos. Las lluvias intensas que producen inundaciones y se llevan consigo casas, escuelas, cultivos y vidas azotan con mayor frecuencia a la región. Por otro lado, la falta de agua ha provocado sequías que han impactado en la salud humana, animal y vegetal.

Podríamos mencionar también ciclones tropicales, olas de calor y frío, incendios forestales, aumento del nivel del mar, etc. La lista de eventos climáticos en los que el agua tiene un rol clave es cada vez más extensa debido a las alteraciones en su ciclo y en la atmósfera derivadas del calentamiento global.

Entonces, ¿es el agua un recurso estratégico? La respuesta es clara: sí.

Para entender por qué afirmamos que el agua es un recurso estratégico debemos mencionar, en primer lugar, su importancia para el sostenimiento de la vida en el sentido más amplio. No existe en el mundo otro recurso que pueda sustituir al agua para la hidratación humana ni para el funcionamiento de los ecosistemas, por lo tanto, su consumo es vital. También es esencial para la producción de alimentos, la generación de energía, la higiene y la salud pública, la fabricación de medicamentos, así como para la industria manufacturera, la minería, el turismo y un largo etcétera de funciones que, aunque invisibles en la cotidianidad, sostienen el entramado productivo y social.

Sabemos que existen grandes tensiones en nuestro país sobre el uso del agua, pero debemos recordar que tenemos un trecho avanzado en materia de derechos conquistados. En el referéndum del 2004 la ciudadanía voto para modificar la constitución, se consagró como derecho humano fundamental al agua potable y estableció que su gestión debe ser directa y exclusivamente estatal, y nuestro país enfrenta nuevos desafíos que ponen a prueba su gobernanza hídrica.

Sin embargo, la crisis hídrica de 2023 evidenció que se debe atender con mayor profundidad la temática, ya que este hecho evidencio la debilidad para paliar un conflicto que dejó sin agua potable al 60% de la población durante cuatro meses, mientras la ciudadanía se movilizaba. Hoy, el debate se reabre ante señales de estrés hídrico en el sur del país, con embalses que registran niveles inferiores a los promedios históricos.

En este escenario, el proyecto de la represa de Casupá se ha convertido en un punto de discusión. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural han expresado en los últimos días una firme oposición a esta iniciativa del gobierno. Sus argumentos combinan consideraciones productivas y ambientales, teniendo en cuenta que la cuenca del Santa Lucía abarca un territorio muy extenso y tiene alto impacto económico la producción agropecuaria.

El principal reparo apunta a las restricciones que el proyecto impondría, como las zonas de exclusión de hasta 100 metros donde se prohibiría el cultivo y el uso de agroquímicos que afecten la calidad del agua. El presidente de la ARU advirtió que se generarían pérdidas económicas importantes al limitar el uso de la cuenca.

Como alternativa, la ARU propone incorporar al sistema metropolitano agua tomada del Río de la Plata frente a Juan Lacaze, en Colonia. Según sus estimaciones, esa infraestructura podría estar operativa en tres años sin afectar la capacidad productiva de la región, y el incremento de la actividad que generaría el levantamiento de restricciones permitiría cubrir su costo en solo cinco años.

Frente a la crisis hídrica que expuso la vulnerabilidad del sistema en 2023, la represa de Casupá se presenta como la única solución estructural que garantiza agua potable a más de la mitad de los uruguayos. El almacenamiento que dará esta obra asegura el abastecimiento incluso en escenarios de sequía extrema, algo que ninguna alternativa parcial puede ofrecer. No se trata de un proyecto improvisado: responde a décadas de planificación e investigación con asesoramiento y de organismos internacionales, además que aprovecha la infraestructura existente en Aguas Corrientes, optimizando costos a largo plazo.

Las críticas del sector rural deben sopesarse con el interés general y buscar acuerdos que atiendan las demandas del sector, y debe exigir una planificación de la producción en clave sostenible. Las zonas de exclusión de 100 metros no paralizan la actividad productiva en la cuenca del Santa Lucía, sino que establecen reglas claras para proteger la fuente de agua destinada al consumo. La pérdida hipotética de productividad que se menciona no se compara con el costo social y económico de dejar sin agua a toda el área metropolitana. La alternativa de Juan Lacaze, en cambio, cubre solo un tercio de la demanda, con mayor inversión y riesgos de calidad por el extenso transporte, el cual además implica un gasto elevado su construcción.

La reforma constitucional de 2004 consagró el agua como derecho humano; ahora nos toca construir las infraestructuras que hagan efectivo ese derecho. Nuestra gente no puede permitirse otra crisis sin solución de fondo. Y sin duda nos cabe la autocrítica de que es necesario revitalizar los espacios de participación y consulta ciudadana, donde estos espacios sean vinculantes de la política publica a desarrollar.

El debate trasciende lo técnico y se inscribe en una tensión más amplia entre modelos de desarrollo. El agua, consagrada como derecho humano y bien público en la Constitución, enfrenta hoy presiones: La necesidad de garantizar el abastecimiento urbano, la demanda de un sector agropecuario que es motor económico del país, y la urgencia de preservar los ecosistemas que sostienen ambos usos.

En el marco del Día Mundial del Agua que fue el pasado 22 de marzo es un tema que requiere generar mayores debates, ya que la pregunta que se impone no es si el agua es estratégica, eso ya está resuelto en nuestra Constitución, sino cómo resolvemos las disputas que su gestión genera. El conflicto por Casupá, las tensiones en la cuenca del Santa Lucía y los debates sobre el rol del Estado en la provisión del servicio nos recuerdan que, a veinte años del plebiscito que nos puso a la vanguardia mundial, es necesario abordar este debate, actualizar la legislación existente y avanzar sobre la democratización del acceso del agua en los sectores que aún son los más postergados.