La política de este gobierno ta´salada

Foto de portada: Torre de OSE. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFotos.

Generación tras generación, los y las uruguayas hemos crecido teniendo claro un puñado de cosas básicas sobre nosotros. Somos un país pequeño entre dos gigantes, pero de grandes hazañas cuando la historia lo ha demandado. Tenemos un clima templado y vivimos en una llanura levemente ondulada. La escuela es pública, la iglesia está separada del Estado, con libertad no ofendemos ni tememos y no tenemos más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. Podríamos seguir, porque nuestras señas de identidad son diversas, pero una de ellas hoy está cuestionada: habitamos sobre una de las reservas de agua dulce más importante del planeta, el agua es nuestro principal recurso estratégico y, tal como reza nuestra constitución: «es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales […] El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales».

Hace algunos días nos despertamos con la noticia de que OSE se acercaba al agotamiento de sus reservas, pero se habían olvidado de comunicarlo, un descuido. Ahora, la empresa debía tomar agua para distribuir cuencas abajo de Aguas Corrientes, casi en la desembocadura del Río de la Plata y excepcionalmente el gobierno había autorizado a elevar más del doble la carga de sodio máxima establecida normalmente a nivel nacional y recomendado a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hablamos de que el valor límite para el consumo de agua potable en condiciones se ajustaba a 200mg/l; pues bien, la OSE acaba de habilitar una carga de hasta 440mg/l. Desde entonces hasta ahora, sabemos que nuestro principal recurso está en crisis, uno de nuestros derechos elementales está siendo erosionado y día a día se privatiza de hecho nuestra posibilidad de acceder al agua potable.

No se trata de manija ni humo, el día 9 de mayo el Ministerio de Salud Pública emitió una comunicación recomendando que hipertensos, embarazadas, personas dializadas, o con otro tipo de enfermedades crónicas no consumieran agua corriente: «Evitar en lo posible el consumo de agua de OSE». El propio comunicado traía implícita la contracara del asunto, la matriz de la política del actual gobierno: los que no pueden acceder a agua de calidad bajo su propio costo, deberán consumir agua que no debería ser consumida. Cuando hablamos de que vivimos los efectos de un modelo de país desigual, nos referimos a esto. Políticas que tienden al lucro privado, al Estado como soporte de la acumulación particular, sin mirar los efectos sociales de las decisiones que se toman y cuando éstas emergen como problemas no hay respuesta. La máxima liberal, el sálvese quien pueda.

Es verdad que hubo sequía, pero también es verdad que el gobierno suspendió la generación de una nueva reserva en Casupá que estaba destinada a embalsar fuentes de agua dulce, aprobada y presupuestada desde el periodo de gobierno anterior, pronta para licitar, que hoy hubiera ampliado las posibilidades de abastecimiento. Es verdad el actual gobierno sustituyó esa inversión por el Proyecto Neptuno, más costoso para el pueblo uruguayo, que tomará agua de una calidad similar o peor que la que está tomando transitoriamente OSE hoy, nos obligará a consumir agua con mayores niveles de salinidad y cloro y solo traerá cuantiosos beneficios para los inversores privados.

También es verdad que el gobierno no advirtió ni previó a tiempo un plan de contingencia ante la disminución de reservas; pero sobre todo es verdad que, una vez instalada la actual situación, no ha diseñado una respuesta que atienda fundamentalmente a los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen los recursos para enfrentar por sí solos la situación. Va, sugirieron una alternativa si, la vicepresidenta de OSE Susana Montaner recomendó a los que compran Coca Cola que compren alguna botella de agua; mientras que el Ministerio de Desarrollo Social mandó a engañar a los niños que en los CAIF se nieguen a beber el agua por el mal sabor, “saborizando naturalmente” con hojas de menta, jengibre o ramitas de canela. El cinismo y el clasismo hoy es política pública.

Es tal la negligencia y la dogmática convicción de que la vida de la gente no es el principal desvelo del Estado y centro de la política pública, que el miércoles el oficialismo se negó tratar como grave y urgente en el parlamento una iniciativa del Frente Amplio que colocaba sobre la mesa soluciones inmediatas a los efectos más acuciantes de esta crisis.

La situación es preocupante, no están claros los efectos de mediano y largo plazo que pueda tener. No está claro cuándo y cómo se superará esta situación; y sobre todo no está claro que se hará para que no se repita. Pero si tenemos claro a esta altura del partido que el gobierno de coalición de derecha no es inoperante, no se trata de falta de preparación o torpeza; tampoco se trata de que sus políticas sean ineficientes e ineficaces. Están obstinadamente abocados a edificar una realidad desigual y excluyente, principal garantía y posibilidad para que ellos y sus allegados lucren sin miramiento, a costa de nuestros derechos, los servicios públicos y el Estado. Desigualdad y exclusión que es a su vez el más genuino y mejor acabado producto de su gestión, desigualdad y exclusión que es SU seña de identidad.

Pero sus señas de identidad no tienen nada que ver con nosotros, la mayoría de este país. Nosotros tenemos otras, luchamos porfiadamente porque no nos las arrebaten. Construimos todos los días la alternativa y podemos estar seguros de que, en el futuro, su Uruguay será un mal recuerdo.