La vida como prioridad

Foto: Embalse de Paso Severino afectado por la sequía del año pasado en Florida. Foto: Daniel Rodríguez. /adhocFOTOS.

Hace décadas que la comunidad científica advirtió el impacto ambiental de la acción humana, y las consecuencias que esto tiene no solo para la naturaleza sino para la vida humana. No es que se ignoraron por no considerar las advertencias reales, se ignoraron porque la rentabilidad económica importaba más que la protección de la vida, y especialmente la rentabilidad económica de las grandes empresas. Estas decisiones centradas en la economía y la producción (para el beneficio de unos pocos), y el desconocer las advertencias realizadas por décadas, son las razones centrales en la generación de la crisis ambiental.

Esta crisis ambiental actual se manifiesta en el cambio climático, la desaparición o amenaza a especies animales y vegetales, sustitución de ecosistemas naturales por usos humanos (ej: áreas urbanas o dedicadas a la producción), afectación a la calidad del agua, erosión de suelos, y podríamos continuar enumerando…Pero no todas las personas tenemos la misma participación en generar esta crisis ambiental, ni todas las personas nos vemos perjudicadas de la misma manera.

Los grandes responsables de la situación ambiental actual son también los grandes beneficiados, y no recae sobre ellos casi ningún control, tampoco ninguna condena.

Sin embargo, en los últimos años parece ser que la responsabilidad es la acción individual de las personas (no las gigantescas fábricas, o empresas que tiran desechos hiper contaminantes en ríos y mares), y se hacen campañas promoviendo pequeñas acciones individuales, como si usar pajitas reutilizables pudiera salvar la naturaleza.

A diferencia de las decisiones que toman los gobiernos democráticamente electos, las decisiones de las empresas nacionales, regionales y transnacionales escapan a la participación de la ciudadanía, pero inciden directamente en su vida y bienestar. Por ello, debemos luchar para que desde la política podamos ejercer mayor poder de decisión sobre lo que es de todos, con gobiernos que defiendan la soberanía nacional y la protección de la naturaleza.

La preocupación por los impactos negativos de las actividades humanas en el ambiente ha ido en aumento, lo que se refleja en la incorporación de normativa al respecto en nuestro país (reforma constitucional por el agua, Política Nacional de Aguas, Ley de Ordenamiento Territorial, estudios de impacto ambiental, Planes de uso y manejo del suelo, entre otros ejemplos). Durante los gobiernos del Frente Amplio, se comenzó un camino que conjugaba avances productivos (y sus correspondientes beneficios económicos para el país) con el cuidado ambiental. La transformación de la matriz energética en nuestro país nos permite, no solo un acceso universal a la electricidad y que se terminaran los apagones, sino que su base esté dada por energías renovables, destacan en nuestro paisaje los molinos de viento, y también paneles solares. Gracias a eso, también podemos exportar energía a países de la región, y especialmente hacerlo de forma solidaria cuando suceden catástrofes naturales.

Pero en los últimos años Uruguay sintió con mucha fuerza los impactos de la falta de medidas económicas, productivas y de gestión con perspectiva ambiental, debido a los retrocesos del gobierno de coalición, que creó un Ministerio de Ambiente, pero no desarrolló ni dotó de recursos a políticas ambientales. La crisis hídrica, los eventos de floraciones de cianobacterias, la amenaza a ecosistemas y especies nativas, tomaron mayor visibilidad por su impacto directo en la vida de todas y todos, y nos llaman a reflexionar sobre nuestro modelo productivo. La pregunta clave es: ¿qué hacemos?

El futuro es hoy

Necesitamos un Estado que sea activo en la defensa del ambiente que es, a fin de cuentas, defender el presente y futuro del país. Un Estado que coloque por encima de todo la protección de la vida, de nuestra naturaleza y de nuestros recursos naturales, entendiendo que no es contrapuesto a avances productivos y económicos. Desde Jóvenes 1001 tenemos propuestas sobre este tema.

Es fundamental cómo se regula y legisla sobre el ordenamiento ambiental del territorio. Hay que limitar los monocultivos forestales y agrícolas, considerando la realidad de cada cuenca hidrográfica, poniendo en el centro la preservación de la salud humana y servicios ecosistémicos. Se debe aumentar el presupuesto asignado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para que cuenten con personal suficiente para su cuidado, mantenimiento y trabajo educativo con la población.

Se debe fortalecer y cumplir el control de las actividades productivas agropecuarias, para la protección de aguas y suelos. Se necesitan recursos para un real control y fiscalización de la aplicación de los Planes de uso y manejo del suelo, la normativa de protección de bosque nativo y humedales, entre otros. Se deben prohibir los plaguicidas altamente tóxicos para los ecosistemas y la salud humana.

Hay que promover sistemas productivos de bajo impacto ambiental. Hay que asignar recursos, y jerarquizar estratégicamente el desarrollo de la producción agroecológica, con foco en la alimentación de los y las uruguayas (Plan Nacional de Agroecología), pero también como mecanismo diferencial de otorgar valor agregado a nuestros productos agropecuarios en el mercado internacional. Generar programas estatales de financiación para cooperativas que desarrollen emprendimientos vinculados a energías renovables, agroecología, reutilización o reciclaje de residuos, entre otros.

Se debe profundizar el trabajo de la gestión integrada de residuos. Se precisa generar programas de gestión de los residuos que hagan posible el reciclaje y reutilización de residuos, que pueden reducirse o revalorizarse, minimizando su impacto negativo en el ambiente y en la salud de las personas, particularmente aquellas que viven cerca de los sitios de disposición final.

Hay que ampliar y mejorar mecanismos de acceso a la tierra para jóvenes. Necesitamos nuevos mecanismos, y fortalecer los existentes, para posibilitar el acceso de familias y/o grupos de personas jóvenes a tierra con fines productivos.