Por una vida digna

Las y los jóvenes 1001 salimos a las calles de Montevideo a conversar con vecinas y vecinos sobre una realidad que atraviesa a miles: la dificultad de acceder a un empleo digno. Recorrimos Nueva España, El Viñedo, La Teja y el barrio Cerrito, intercambiando ideas sobre la nueva Ley de Empleo Integral propuesta por el Poder Ejecutivo, que fue aprobada en el Senado y que ahora se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. Estuvimos en las calles dialogando cara a cara, escuchando experiencias, frustraciones y expectativas, a la vez que compartiendo cuales son las iniciativas que proponemos e impulsamos como juventud organizada También recorrimos Pando, Canelones, y así seguiremos por distintos puntos del país, porque creemos que estas discusiones tienen que darse donde vive la gente trabajadora y, sobre todo, donde viven las juventudes.

Hablar de empleo juvenil hoy es hablar de incertidumbre. Somos una juventud que, a la vez que estudia, trabaja o busca trabajo, y que día a día nos enfrentamos a las dificultades del mercado laboral, de encontrar un empleo, y más aún de uno que no esté sumergido en la precariedad. La tasa de desempleo juvenil en Uruguay sigue siendo varias veces superior a la media general, y golpea especialmente a quienes venimos de hogares trabajadores. Pero incluso quienes logramos conseguir un puesto convivimos con condiciones profundamente inseguras: contratos cortos, rotación constante, tercerización, informalidad, salarios insuficientes y el multiempleo como estrategia obligada para llegar a fin de mes.

Hay jóvenes que sostienen jornadas de diez o doce horas diarias repartidas en dos empleos. Otros tantos deben abandonar sus estudios porque los horarios rotativos les impiden sostener sus trayectorias educativas, convirtiendo la posibilidad de cursar en un privilegio A su vez, muchas mujeres jóvenes siguen cargando casi en soledad con las tareas de cuidados, mientras el acceso al empleo formal continúa siéndoles esquivo. Además, la desigualdad es todavía más dura para las y los jóvenes racializados, para las personas en situación de discapacidad y para quienes viven en el interior del país.

La Ley de Empleo Integral a debate

El proyecto aprobado en la Cámara de Senadores —que cuenta con un fondo asignado de diez millones de dólares— establece un régimen de estímulos económicos para que las empresas contraten personal, generando nuevos puestos y oportunidades laborales. En el caso de los jóvenes de entre 15 y 24 años que lleven más de tres meses desempleados de forma continua, el Estado otorgará un subsidio de hasta un cuarto de las retribuciones mensuales, el cual sube a un tercio

si se trata de mujeres jóvenes. También contempla subsidios específicos para personas afrodescendientes, trans y en situación de discapacidad.

Que el Estado reconozca que existen desigualdades estructurales en el acceso al trabajo y que incentive la contratación de estos sectores vulnerables es una señal positiva, defendida y acompañada en gran medida por la bancada del Frente Amplio. Sin embargo, los incentivos económicos por sí solos no resuelven el problema real que atravesamos como trabajadores y trabajadoras. Para ello es necesario discutirla calidad del trabajo y las condiciones laborales a las que nos enfrentamos cotidianamente: la falta de empleo digno, estable y con derechos para las juventudes son una realidad, y deben ser problematizadas para alcanzar soluciones reales.

Existe, además, un riesgo claro: que estos diez millones de dólares terminen concentrándose mayoritariamente en las empresas de Montevideo, debido a la falta de asesoramiento y herramientas institucionales en el resto del territorio, excluyendo a grandísima parte de la población. Muchas veces las oportunidades laborales, las capacitaciones y los programas públicos no llegan de igual manera al interior profundo. Si no existen políticas activas que contemplen las desigualdades territoriales, las brechas solo van a profundizarse.

Desde Jóvenes 1001 creemos que esta discusión debe ir más allá de los subsidios transitorios a las patronales. Necesitamos políticas que garanticen empleo real y estabilidad. Hoy, muchos contratos vinculados a programas juveniles duran apenas unos meses y finalizan sin ninguna continuidad, lo que impide generar autonomía o construir un proyecto de vida. Por eso proponemos que los contratos tengan una base mínima de doce meses, con posibilidad de prórroga y cupos obligatorios de empleo juvenil que aseguren una inserción efectiva, evitando que se nos utilice como mano de obra barata y descartable financiada con recursos públicos.

Propuestas para una vida digna

Entendemos también que el empleo y los cuidados no pueden pensarse por separado. Las mujeres jóvenes jefas de hogar necesitan políticas concretas para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo, por ello los cuidados no pueden quedar por fuera de la discusión y de la construcción de alternativas. Sin centros de cuidados y sin corresponsabilidad social, el aumento del subsidio a un tercio de la retribución se quedará solo en el papel, porque la realidad material les seguirá impidiendo el acceso al mercado laboral.

Asimismo, proponemos la creación de una verdadera bolsa de empleo juvenil que articule a los sindicatos, el sistema educativo y las empresas. La formación debe estar acompañada por condiciones materiales que permitan sostener trayectorias laborales dignas. Lo mismo ocurre con las becas y pasantías: no pueden seguir funcionando como formas de explotación encubierta bajo el eslogan de la «experiencia laboral». Las pasantías tienen que ser pagas, formativas y con plenos derechos.

Para miles de jóvenes uruguayos, estudiar y trabajar al mismo tiempo es una necesidad, no una elección. Sin embargo, el mercado laboral suele castigar esa realidad con horarios rotativos, bajos salarios y escasez de licencias por estudio. Por eso, proponemos extender la prohibición de horarios rotativos hasta los 24 años para quienes estudian y trabajan, así como ampliar las licencias por estudio, garantizando días libres en períodos de exámenes. Estudiar no puede transformarse en un privilegio reservado para quienes tienen respaldo económico.

Organizarse en el barrio y en el Parlamento

El Estado debe asumir un rol mucho más activo en la generación de empleo y en la fijación de salarios, sabemos que no podemos esperar que el mercado resuelva las desigualdades que él mismo produce. Se necesitan más puestos de trabajo y políticas públicas que prioricen a las juventudes trabajadoras. Discutir la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial es parte fundamental de pensar una sociedad donde el trabajo no absorba completamente nuestra vida.

Pero ninguna transformación profunda será posible sin organización colectiva. Defender nuestros derechos implica más información, más organización sindical y más control estatal para evitar los abusos laborales que afectan especialmente a los más jóvenes, quienes muchas veces ingresamos al mercado laboral desconociendo nuestros derechos, o aceptando condiciones de precarización por pura necesidad. Frente al desamparo, la organización es la herramienta fundamental.

Las barriadas que venimos realizando tienen justamente ese objetivo: escuchar, intercambiar y construir propuestas junto a nuestro pueblo para llevarlas también al debate en la Cámara de Diputados. El empleo juvenil no puede seguir siendo sinónimo de precariedad ni de subsidios efímeros. Queremos un país donde las y los jóvenes podamos proyectar un futuro, independizarnos, estudiar, trabajar y vivir con dignidad.

Las Jóvenes 1001 estamos convencidas de que el trabajo digno no es un privilegio. Es un derecho. Y vamos a seguir organizándonos en cada rincón del país para conquistarlo.