Setiembre: mes de la diversidad

Foto: Marcha de la diversidad, Santiago Mazzarovich/adhocFotos.

La unidad y la lucha como camino en medio de la utopía conservadora.

Como cada año, la llegada de setiembre implica la apertura de una época para reivindicar la diversidad que compone y enriquece nuestra sociedad. Una oportunidad para poner en el debate público el conjunto de injusticias que limitan en los hechos el desarrollo pleno de las personas, sobre la base de desigualdades que tienen origen en la identidad género, identidad sexual, raza, etc. Desigualdades imbricadas interseccionalmente, que funcionan como catalizador de un sistema social, económico, político y cultural basado en la diferenciación, la dominación, la opresión y la exclusión. Año a año la agenda se ha ampliado, enriqueciéndola y conjugando en ella los diversos elementos que se solapan y se expresan en nuestra vida e identidad.

La llegada del mes de setiembre, y con él del mes de la diversidad, también ha servido para evidenciar la legitimidad y reproducción que encuentran esas desigualdades en el plano de las políticas públicas. Evidenciar el rol y responsabilidad del Estado en la promoción y profundización de las desigualdades, por acción o por omisión. La denuncia pública ha estado siempre acompañada de la organización y la movilización, y esta de la propuesta, para conquistar transformaciones que vayan desarmando el esquema opresivo que estructura nuestra sociedad y atraviesa nuestras instituciones; pero que por sobre todas las cosas, no permite que miles y miles de personas, por distintas razones, sean felices y vivan dignamente.

En este presente, donde el festejo de nuestra diversidad, el trabajo por reconocerla y garantizar sus derechos ha recibido la espalda desde el Estado; en este presente donde se ha pretendido volver a guardarla en el armario o dejarla en el olvido, se vuelve fundamental recordar nuestras más recientes conquistas.

Reconocernos en nuestras luchas y sus frutos el mejor antídoto contra el desánimo y la frustración; así como el mayor combustible para combatir este Uruguay que profundiza las desigualdades, acumulando con la marginación de cada vez más sectores de nuestra población de sus derechos sociales, económicos y políticos. Cada una de nuestras conquistas es un arma con la que sin duda desandaremos el camino abierto el 1º de marzo de 2020, cuando la utopía conservadora tomo las riendas de nuestro país.

Al entrar en la década del 2000 y a consecuencia de las demandas de los movimientos feministas y de la diversidad sexual, se comenzó a aceptar paulatinamente que algunas discusiones que se venían presentando en el debate público, habían llegado para quedarse. Sin embargo, no fue hasta la era de los gobiernos del Frente Amplio que estas reivindicaciones tuvieron espacio como demandas legislativas y traducción en políticas públicas, no sin resistencia de la derecha.

Sin caer en reduccionismos y sin ánimo de afirmar que las batallas de dan únicamente en el plano legal; tampoco de reducir nuestra lucha y conquistas a las que mencionaremos a continuación; existen una serie de iniciativas legislativas implementadas desde la asunción del primer gobierno nacional del Frente Amplio que mucho tienen que ver con dignificar la existencia del colectivo LGBTI y reafirmar sus derechos en perspectiva de Derechos Humanos.

Así fue que en el año 2009 se aprobó la Ley de identidad de género, que no implicó simplemente la incorporación de un colectivo a un derecho pre reconocido, sino que resignificó en sí mismo el Derecho a la Identidad. Esa ley fue seguida posteriormente por la Ley de Unión Concubinaria y la Ley del Sistema de adopciones; ambas avanzando en el reconocimiento de los derechos de aquellos que históricamente habían quedado al margen legal en la configuración oficial de sus núcleos familiares (con las restricciones que ello conlleva).

En el año 2013 la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario implicó un cambio trascendental, no solo porque legalizó la unión entre personas del mismo sexo, sino porque implicó un nuevo paradigma de familia, más universal e inclusivo. Hizo visible lo que hasta entonces se había querido invisibilizar, reconociendo la diversidad de familias que existen en nuestro país, garantizándoles simbólica y jurídicamente sus derechos.

El año 2018 constituyó un nuevo hito en materia de visibilización y reconocimiento. La Ley Integral para Personas Trans se aprobó en octubre de 2018 y buscó cambiar las condiciones de existencia de ese colectivo; promovió que el Estado reconociera su derecho a ser. La ley integral para personas trans reconoce el derecho a la identidad convirtiéndolo en un trámite administrativo, sacando la judicialización del medio; establece un cupo laboral del 1 % para concursos públicos, garantiza la cobertura de salud a la población trans, un sistema de becas para ayudar en la trayectoria estudiantil y entre otros establece un sistema de reparación para las víctimas de la violencia estatal en la última dictadura. Todo un conjunto de recursos que buscaron dar respuesta a demandas que lograron poner en el debate público, quizás con la mayor crudeza hasta entonces, la interseccionalidad de las opresiones. Opresiones ante las cuales la espalda del Estado solo ha garantizado la marginación laboral, educativa, habitacional, sanitaria, etc. Llegando al extremo de cuestionar la propia posibilidad de existencia de este colectivo. Sin embargo, la implementación de la ley deja bastante que desear y mucho tiene que ver con la no asignación de recursos y falta de voluntad política para su efectiva aplicación.

Las anteriores son algunas de las principales conquistas obtenidas. Decimos conquistas porque ninguna transformación que desarme privilegios y afecte intereses de sectores poderosos se ha obtenido, ni se obtendrá, al margen de la organización, el debate y la movilización popular. Los gobiernos del Frente Amplio, también el que vendrá a partir del 1º de marzo de 2025, son un escenario que nosotros conquistamos, donde hay mejores condiciones para luchar y consagrar esa lucha en hechos concretos; pero también allí será con lucha. El Uruguay del futuro, el que se viene, ese que no le dé la espalda a su gente, tendrá la unidad como raíz y la movilización como motor de las transformaciones. Las nuevas generaciones nacerán en un Uruguay un poco más justo, donde la diversidad sea un valor, parte de la riqueza de nuestra sociedad y nuestros vínculos comunitarios; y no una condena para aquellos que se encuentran en los sectores menos hegemónicos de ella.

Sin embargo, no podemos dejar de pelear por nuestros derechos. Estos últimos años han sido de resistir discursos conservadores y de odio, que no han dejado de avanzar en la sociedad y que lo que buscan es retroceder y perpetuar su status quo; pero los años venideros, serán de dignidad, sobre el fermental combate de nuestra sociedad y su diversidad.