Un país inclusivo

Foto: Concentración de activistas en contra de los feminicidios en la Plaza Cagancha. Nicolás Celaya /adhocFOTOS.

Lo que sufre el pueblo todo con el gobierno herrerista, lo sufren más en quienes se concentran más desigualdades. Impacta la falta de políticas de promoción de empleo, de combate a la violencia, de acceso a la vivienda y a la atención de salud de calidad. Un nuevo gobierno del Frente Amplio deberá rápidamente recuperar esos derechos perdidos.

Además de la violencia de género que sufren las mujeres e identidades no binarias, existen otros factores que condicionan el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades, como la ascendencia racial, la edad, la orientación sexual, la religión, la clase social, la capacidad, la cultura y el estado como migrante, refugiada, entre tantas otras. De esta forma el racismo, la xenofobia, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones objetivas en la sociedad de las mujeres e identidades, que cuestionan los roles tradicionales de género. De esto se habla cuando se habla de interseccionalidad, de todas esas desigualdades que nos atraviesan y se potencian.

Por eso se hace necesario que todas las propuestas e iniciativas incorporen una perspectiva de género, ya que las desigualdades nos atraviesan, se expresan y refuerzan en distintas dimensiones.

De todas maneras, entendemos que hay necesidades que deben ser abordadas con urgencia, y las propuestas al respecto deben ser prioritarias.

Una de las caras más duras de la desigualdad de género se expresa a través de la violencia directa hacia las mujeres. Asistimos a un momento con un alto número de femicidios (más de la mitad de homicidios a mujeres son por parte de parejas o ex parejas), más de 100 denuncias por violencia por día, y un aumento también de denuncias por abuso y acoso sexual.

Por otro lado, en la división de la carga del trabajo no remunerado, particularmente de cuidados, también persisten desigualdades evidentes. Los datos más recientes demuestran que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los varones a tareas del hogar, cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y dependientes, y que la mayoría de hogares monoparentales tienen mujeres a la cabeza. También en lo que refiere a trabajo remunerado, las mujeres en Uruguay perciben aproximadamente un 20% menos de salario que los hombres, tienen mayor nivel de desocupación y precariedad laboral.

Desde Jóvenes 1001 tenemos propuestas integrales, que mejoren la vida de nuestras mujeres, y nos ayuden a construir un Uruguay donde nadie quede afuera.

Recuperar la dignidad

La principal urgencia es dotar del presupuesto necesario para la real aplicación de la Ley de Violencia Basada en Género. Uruguay tiene una normativa de avanzada en esta materia, sin embargo, su aplicación real se ve condicionada por la falta de recursos, que redunda en pocos centros especializados en todo el país, con horarios limitados y equipos multidisciplinarios menguados o inexistentes. El Estado debe asignar los recursos necesarios para cumplir a cabalidad la ley vigente, y para formar a todo el personal policial en atención a VBG. Denunciar y ser escuchadas debe ser la norma, no la excepción.

Es importante que experiencias como la Comuna Mujer lleguen a todo el país, para garantizar acceso público a atención jurídica y psicosocial a mujeres víctimas de violencia basada en género en todo el territorio nacional.

Proponemos aumentar las facilidades de acceso a garantías de alquileres para quienes tienen hijos y/o hijas a cargo, y a personas con dificultades para acceder al mercado formal de trabajo. Hay que profundizar en programas de la Agencia Nacional de Vivienda o el Banco Hipotecario del Uruguay dirigidos a hogares monoparentales, trabajadoras mujeres y personas de identidades no binarias.

Llegó el momento de que el Estado se haga cargo, y reconozca al trabajo no remunerado y de cuidados. Tenemos que avanzar en medidas que reconozcan el valor del trabajo reproductivo (cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y dependientes, mantenimiento del hogar, etc) y su aporte a la economía del país. Esto puede viabilizarse a través de renta para las personas que realizan trabajos de cuidados, reconocimiento de años de trabajo a la hora de jubilarnos, entre otras medidas que reparen décadas de trabajo no pago.

Hay que mejorar y aumentar los espacios de cuidados y medidas para la inclusión de estudiantes con hijos e hijas a cargo. Se debe garantizar el derecho a la educación de las personas jóvenes con hijos y/o hijas a cargo en nivel secundario y terciario, incluyendo espacios de cuidados o facilitando el acceso a ellos en el entorno de centros educativos.

Tenemos que profundizar en la educación sexual integral, incorporando a las currículas escolares y liceales contenidos que nos formen más y mejor sobre la salud sexual y reproductiva, prevención del abuso sexual y vínculos libres de violencia. Nuestra normativa educativa prevé la obligatoriedad de la educación sexual integral, sin embargo, aún queda mucho por hacer para su real aplicación en todo el país.

De la mano de esto, proponemos eliminar (o al menos reducir) los costos de estudios y medicamentos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Es imprescindible contar con acceso gratuito o de bajo costo a los exámenes de enfermedades de transmisión sexual en mutualistas, anticonceptivos, entre otros. También mejorar la legislación vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo, no solo para eliminar los obstáculos sino para garantizar procedimientos libres de violencia médica.

Proponemos que el Estado garantice el acceso a productos de la canasta menstrual y relacionados. Acceder a artículos vinculados a la higiene menstrual y salud sexual no puede ser un privilegio.

Proponemos medidas como la eliminación del IVA a este tipo de productos, cuyo costo impacta de manera desigual en la economía de las mujeres y sus hogares, y también en el desarrollo de la vida de las mujeres, por ejemplo en el tránsito por el sistema educativo.

Si queremos construir un Uruguay del futuro, con igualdad y justicia, debemos aplicar políticas específicas hacia los sectores más vulnerados, estas propuestas buscan atender las urgencias de las mujeres y las infancias de nuestro país.