Uruguay y el Día Internacional del Agua

Foto de portada: Marcha Mundial por el Día del Agua, convocada por la Coordinación por el agua. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.

Privatizar beneficios y socializar costos: ¿Quién se hace cargo de la sobreexplotación y el deterioro del agua?

El agua: imprescindible para nuestras vidas y recurso estratégico para la soberanía. Esa que desde la escuela se nos dice que hay que cuidar, que la que

no has de beber, no la dejes correr

, esa cuya protección también nos hizo salir a organizar, buscar firmas y convencer hace ya casi veinte años. El agua participa de todos los procesos más relevantes de la superficie terrestre, como sostén de la vida y como agente de cambio. Pero para variar, en este mundo donde la plata parece marcar las reglas del juego, está bajo amenaza.

Metámonos un poco más en el asunto…

Hasta hace no tantos años primaba cierto imaginario del Uruguay Natural, donde abunda el agua, donde hay vacas pastando por ahí, donde no estamos tan mal con estos temas. Sin embargo, crecientemente se han hecho visibles huellas ambientales negativas de las actividades humanas que no son nuevas, pero cuyos impactos cada vez se presentan con más claridad y más violencia, y que algunos movimientos, organizaciones e instituciones han advertido históricamente.

La calidad del agua en Uruguay está comprometida y el principal motivo tras esta situación es la forma en que se lleva adelante la producción agropecuaria y cómo se ha configurado el ordenamiento territorial del país, en especial pensando en usos productivos del suelo. Para sintetizar en criollo: hoy en día las principales actividades agrícolas del país son intensivas en aplicación de tecnología e insumos. Esto quiere decir que el más de millón de hectáreas de agricultura industrial y el más de millón de hectáreas de forestación de eucaliptus y pino utilizan maquinaria, biotecnología, fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas para sostener sus niveles de rendimiento, y así, de ganancia por hectárea.

Hasta ahí un lector bien pensado podría decir: “

Bueno, pero si es necesario para satisfacer las demandas de los seres humanos por alimentos y se hace de manera regulada en lo ambiental, no me parece mal

”. Y en efecto, es una apreciación que muchos podríamos compartir de buenas a primeras. Sin embargo, ni lo primero ni lo segundo es cierto.

Respecto a lo primero, estas actividades agrícolas están dirigidas a satisfacer demandas de consumidores extranjeros, y, además, en general no tienen como destino final la alimentación humana. Sobre lo segundo, el rol del Estado respecto al uso de tecnología e insumos se basa en el fomento a las buenas prácticas y planificación aceptando las prácticas ya extendidas, sin políticas incisivas en su control y fiscalización para dar cumplimiento a las ya insuficientes normas jurídicas en la materia. Y asistimos a retrocesos permanentes. Un ejemplo claro es el carácter voluntario (no obligatorio) del registro de aplicaciones de productos fitosanitarios del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), frente al cual los propios trabajadores rurales organizados plantearon cuestionamientos.

¿Y qué tiene que ver todo esto con la calidad del agua? Pues bastante. En particular fertilizantes y fitosanitarios (también conocidos como agrotóxicos o pesticidas), ampliamente utilizados y poco controlados, no desaparecen luego de ser aplicados. Los principios activos no solo entran en contacto con la planta o insecto al que están dirigidos, sino que también van a parar al suelo, al aire, al agua y a otros seres vivos. Justamente, el principal vehículo que los moviliza es el agua. El agua no permanece quieta, sino que se mueve y va “cargando” lo que encuentre y pueda transportar en el camino, incluyendo estas sustancias. Casos como los resultados de la investigación conducida por científicos de la Universidad de la República en la Laguna Merín que tomaron conocimiento público recientemente, donde se identificaron residuos de decenas de productos, verifican esta situación. Evidencias de impacto también se presentan por el transporte de fertilizantes (nitrógeno y fósforo), que alcanzaron un lugar en la agenda nacional a partir de 2019 y 2020 ya que posibilitan la reproducción excesiva de, por ejemplo, las cianobacterias.

Imagen satelital de la represa de Palmar, donde puede observarse evidencia de floraciones de cianobacterias (color verde flúor sobre el agua). Cortesía de Bernardo Zabaleta.

La defensa del agua también pasa por su incorporación como una de las prioridades en cualquier encare de ordenamiento territorial. Es decir, no basta con regular cómo se realizan ciertas actividades sino dónde pueden realizarse para minimizar sus impactos. Existen experiencias positivas (aunque no suficientes) como el caso de las 11 medidas en la cuenca del río Santa Lucía en 2013, que incluyeron áreas de amortiguación (o áreas

buffer

)

con resultados significativos para la calidad del agua. Pero lejos aún de lo que las necesidades del país demandan, quedan debes respecto a excluir o limitar ciertas actividades con alta demanda hídrica (por ejemplo, la forestación) en las cabeceras de cuencas, considerar la recarga de aguas subterráneas, hacer cumplir las normativas de aplicaciones de fertilizantes y fitosanitarios (o agrotóxicos) y planes de uso y manejo de suelos.

Lo conquistado por iniciativa popular en la reforma constitucional sobre el agua en octubre de 2004 es ejemplar en materia de derechos de las personas y derecho ambiental. El artículo 47 no solo establece el valor del ambiente como de interés general -elemento esencial para su defensa-, sino que también incorpora el carácter público del agua y la participación popular en la toma de decisiones respecto a su gestión y control. Sin embargo, este hito no ha logrado detener por completo los intentos de privatización y lucro, ni asegurado una planificación aceptable para la gestión del recurso.

El Proyecto Neptuno presentado en 2020 es prueba de que no debemos dejar de estar alerta. Este proyecto presentado por empresas privadas, deja atrás el planificado en Casupá para garantizar el abastecimiento de agua al área metropolitana de Montevideo, complementando Aguas Corrientes. El problema es que este proyecto hace mella en el abastecimiento público del agua, implica una inversión mayor del Estado uruguayo e implica riesgos ambientales. La organización Redes-Amigos de la Tierra presentó en esta misma semana recurso de revocación contra la licitación del proyecto, que podría postergar su ejecución.

La propiedad privada como derecho (casi que) inalienable es un paradigma muy poco consistente con la planificación de uso y gestión sostenible de los recursos hídricos, y esencialmente de cualquier asunto vinculado al ambiente (atmósfera, suelos, especies animales y vegetales, entre otros). El Día Internacional del Agua parece ser una buena excusa para profundizar en ello.

*Nota al pie. Como apunte final, este Día Internacional del Agua nos agarra (paradójicamente) saliendo de un verano en que de eso hubo muy poco, sobre todo en el centro y suroeste del país, así que sería extraño no dedicarle un breve pasaje a este tema también. La sequía ha generado impactos de peso en la actividad agropecuaria y también para el consumo humano, poniendo en debate las fuentes de abastecimiento y el uso inadecuado del recurso. Sin embargo, se establecen relaciones causales entre la sequía y el cambio climático muy livianamente.

El cambio climático es un fenómeno real y del que debemos ocuparnos -para negacionistas del fenómeno ya tenemos suficiente con algunos vergonzosos exponentes de la derecha-, pero no explica todo lo que nos parece poco habitual. Investigadores en ciencias de la atmósfera en nuestro país, afirman que no se ha identificado un vínculo entre esta sequía y el cambio climático. La reciente sequía se explica principalmente por La Niña (fenómeno climático vinculado a descensos de temperatura en el océano Pacífico que redunda en menos lluvia de nuestro lado del mundo, particularmente a fines de primavera y en verano), en combinación con otros fenómenos atmosféricos como el Modo Anular del Sur. Sobre el cambio climático y sus potenciales efectos en Uruguay, se prevé que en años venideros experimentaremos sequías más frecuentes, cortas e intensas.