Vivir con dignidad

Viviendas en el barrio Cordón. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.

Entre todas las políticas públicas que debilitó el gobierno de la coalición, las políticas de vivienda fueron de las más debilitadas a través de recortes presupuestales. Se estima que hay un déficit de 70.000 unidades habitacionales y cerca de 300.000 personas perjudicadas a causa del ajuste realizado por el gobierno, de ese número casi 200.000 uruguayos viven en 600 asentamientos en el país.

El presupuesto para vivienda se ubica 6% por debajo de los fondos destinados en 2019. Estos recortes presupuestales, que se dan desde el inicio del periodo, representan un aproximado del 70%, lo que llevó a retrasar todos los programas del Ministerio. Estamos hablando de que las cooperativas de vivienda, el Plan Juntos, los realojos, llevan más de un año de retraso.

La última rendición de cuentas del gobierno nacional no hace más que consolidar un enfoque de política económica de recorte y de ajuste, que no atiende las necesidades actuales del país. El propio Plan Quinquenal de Vivienda asume que se terminará el período con 3.805 soluciones habitacionales menos que en el último gobierno del Frente Amplio.

Con todo lo anterior, la política pública de vivienda y hábitat vuelve a recaer en soluciones de baja calidad, o en localizaciones que refuerzan los procesos de segregación territorial, en una clara oposición a la vocación universalista que se desarrolló desde los gobiernos del Frente Amplio. Esto demuestra la existencia de un retiro del Estado, y una apuesta del gobierno actual a la actividad privada como motor del crecimiento.

En este contexto sabemos que la situación de las jóvenes en Uruguay es todavía mucho peor. Las jóvenes somos las que tenemos trabajos más precarios, estudiamos al mismo tiempo que trabajamos, y un alquiler en nuestro país sale más de la mitad de nuestro sueldo. O incluso, por ejemplo, vivir en un monoambiente sale lo mismo o más que un salario mínimo.

Es por eso, y por la desigualdad y especulación inmobiliaria, que no solo debemos exigir un presupuesto digno que atienda las necesidades habitacionales, sino también políticas públicas que atiendan la demanda de la emergencia habitacional, con soluciones reales para las jóvenes. Desde Jóvenes 1001 tenemos propuestas para abordar esta problemática.

Entendemos que el movimiento cooperativo es un ejemplo de lucha por la dignidad, y han sido la situación habitacional para miles de familias. Por eso, entendemos importante contar con un fondo estatal que costee las horas cooperativas a aquellos jóvenes que presentan mayores dificultades para sostener el proceso de construcción. En ese sentido, es importante que los plazos para construir una vivienda cooperativa sean más ágiles. Así como los sorteos para acceder a préstamos. Hoy en día los plazos son demasiados extensos, desde la creación hasta acceder a ese préstamo, siempre y cuando la cooperativa salga sorteada.

En la misma línea, entendemos necesario avanzar y mejorar las garantías estatales para jóvenes. Sabemos que para muchas estudiantes y trabajadoras el tema del alquiler es muy complejo. A las garantías privadas solo les importa recaudar, no se amoldan a situaciones distintas como puede ser la del estudiante, que no tiene un sueldo para lograr una garantía, ni para el depósito, ni tampoco un familiar que sea garante y muchas veces ni siquiera se encuentra en su departamento de origen.

Estas situaciones hacen que muchas veces las respuestas sean residencias o vivienda compartida, algo que puede ser un impedimento para poder desarrollarse. Proponemos que el Estado se haga responsable de asegurar un desarrollo pleno de aquel joven que estudia y trabaja, para que acceda a una garantía de alquiler estatal. Para esto, es fundamental que exista una regulación para que se acepten esas garantías estatales, y no quede a criterio del dueño/a del inmueble o de la inmobiliaria si la acepta o no.

Es urgente la intervención en el mercado inmobiliario, dado que es un mercado que especula con la necesidad de acceso a un derecho básico. Es fundamental avanzar en una ley de alquileres, que tenga en el centro los derechos de los inquilinos.

Otra forma de acceder a la vivienda es a través del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), pero los requisitos que tiene para acceder son para un puñado privilegiado. El acceso a las financiaciones debe contemplar las condiciones de precariedad laboral de la amplia mayoría de la juventud uruguaya, que no tienen condiciones para ahorrar. Necesitamos financiamiento para el acceso a la vivienda que contemplen nuestra realidad, hay que generar financiaciones sin necesidad de ahorro previo.

Debemos transformar la calidad de vida de los cientos de compatriotas que viven en asentamientos irregulares, con condiciones de vida precaria, número que se vio en aumento. Las soluciones de hoy no alcanzan. El aumento de la pobreza hace que, hoy en día, haya más asentamientos. Mientras el plan de realojos se ve afectado por los brutales recortes del gobierno. Hay que darle una inyección presupuestal al plan de realojos, así como otras iniciativas como el Plan Juntos, para que todos los uruguayos vivan en condiciones dignas.

A la par, urge la creación de un fondo estatal destinado a la refacción de viviendas precarias, que garantice los materiales necesarios y la mano de obra.

Es necesaria la inversión y la ampliación de carteras de tierras por parte de los gobiernos departamentales. Debemos trabajar en la expropiación de predios privados que especulan con la construcción de vivienda, y se encuentran con deudas que superan su valor catastral, e incentivar así la creación de viviendas comunitarias y de interés social.

El acceso a la vivienda es un derecho fundamental, y es responsabilidad del Estado garantizarla. Apostamos por un Parlamento que regule según la realidad y las necesidades de los jóvenes, y no beneficiando al mercado inmobiliario.